La izquierda debe construir el Estado

LA IZQUIERDA DEBE CONSTRUIR EL ESTADO

Por : Oscar A. Fernández O.

 Repensar el Estado es una obligación histórica de la izquierda, contrario sensu a pensar que con algunos “arreglos sociales” se puede continuar sosteniendo el capitalismo. Es una necesidad insoslayable, construir un Estado vigoroso con instituciones fuertes, no obesas; ágiles, transparentes, no burocráticas; instituciones que protejan al pueblo.

 

Al mirar objetivamente el mundo, con mayor detenimiento a la entrada de este siglo, no puede menos que atormentarnos el espectáculo brutal que las miserias, injusticias, desigualdades y anomalías, que ocasionaron desde 1848 en adelante, el estallido de la conciencia obrera contra el capitalismo, se nos aparecen reproducidas, profundizadas y aumentadas a escala mundial, pretendiendo sustentarse y justificarse en un pensamiento único, que se presenta a sí mismo como el “modelo a seguir”.

Algunos gobiernos progresistas, intentan quedar bien con Dios y con el Diablo al mismo tiempo, manteniendo en lo fundamental la política librecambista, acompañada de un lenguaje de progreso y algunas providencias llamadas “sociales”, para endulzar la perseverante realidad del impacto brutal del fracaso neoliberal en lo cotidiano. Esta opción no está realmente tan mal vista, aunque no falta quienes lloriqueen que estos recursos se pierden dándole de comer a los niños pobres y que deberían invertirse “mejor”.

Hoy resulta que, el FMLN quién ganó las elecciones por el Gobierno, para caerle bien a la oligarquía, a los derechistas y su coro de serafines, debe aceptar de buena gana la herencia envenenada que recibe de los gobiernos neoliberales: un Estado debilitado al que le despojaron sus principales empresas por medio de las privatizaciones; un sistema fiscal no solo enormemente injusto, sino raquítico que impide cualquier inversión importante; un entramado de evasión de impuestos y capitales que desangra las arcas públicas y no admitiría ningún Estado serio; una deuda externa cuyo impacto real en el desarrollo del país es más que dudoso, suscrita por dictadores y neoliberales corruptos pero que paga toda la población, comprometiendo con ello su presente y su futuro.

También debe aceptarse  que los recursos naturales estén controlados por multinacionales usureras y que la corrupción y la violencia es castigo divino que debemos asumir sin más. Debe aceptarse como legado, el desprestigio de la política y las instituciones; un pueblo no solo empobrecido económicamente sino, desinformado, manipulado y desorganizado. Deben respetarse escrupulosamente medios de comunicación, hostiles y monopólicos que convierten el ejercicio de la libertad de opinión en una payasada.

Y aunque los apologistas del neoliberalismo o los cándidos nostálgicos de un Estado de Derecho anfibológico, se empeñen en anunciar el advenimiento de una nueva era sin golpes militares y la entrada a la “civilización” posmoderna de nuestra sociedad, la dura realidad se encarga de recordar que las circunstancias que hemos superado, acechan a la vuelta de la esquina y las condiciones de la violencia se imponen cada día más, como resultado de una brutal desigualdad testamentaria.

Es una artimaña de dominación llamada democracia de mercado, que desde su misma explicación teórica, expone la paradoja que lo desarma: la “democracia de desiguales”. Una “democracia” en dónde el poder se concentra en manos de multi-millonarios capitales transnacionales, se inhabilita el contrato social y se pierde la noción del Estado propio, hoy profundamente debilitado.

Desde  fines de los 80, el neoliberalismo lanzó un asalto al Estado (y también al mercado)  desde la teoría neoclásica y la teoría  de la elección pública, que se convirtieron en una meta-ideología de la época. Aunque el ataque fue feroz, la actual crisis económica confirma la necesidad de repensar el Estado y buscar una relación adecuada con el mercado, que no es propiedad de los capitalistas, sino de la civilización.

El triunfo ideológico del neoliberalismo es el de una concepción integral de la sociedad, de su naturaleza, de sus leyes de movimiento -explicadas desde las contrapuestas que postula el marxismo- y de un modelo normativo de organización social. Así como Marx en algún momento dijo que la economía era la ciencia de la sociedad burguesa -por supuesto refiriéndose a la economía política clásica y a los grandes fundadores de esta disciplina, básicamente Adam Smith y David Ricardo, y no a los enanos que se proclaman sus sucesores-, hoy podríamos decir que el neoliberalismo es la corriente teórica específica del capitalismo en su fase actual. Esta perspectiva ha tenido una gravitación extraordinaria en América Latina y ha ejercido una profunda influencia sobre la sociología y las ciencias sociales (Borón: 2005)

El postmodernismo, a su vez, podría ser cabalmente definido como un pensamiento propio de la capitulación, o tal vez un pensamiento de la frustración. Es decir, es el resignado reconocimiento de que ya no hay transformación social posible, de que la historia ha concluido y de que lo que hay es lo único que puede haber. El postmodernismo como actitud filosófica refleja el fracaso de las tentativas de transformación social en los capitalismos metropolitanos en los años de la posguerra.

El neoliberalismo tiene que ser comprendido de una manera totalizante y concluyente al interior del planeta capitalista. Debe ser visualizado como la compleja búsqueda de los centros del poder, por sistematizar, legitimar y racionalizar la regulación del sistema universo en una fase particular, aquella de la preeminencia del poder financiero mundial. Esa regulación del sistema-universo, que abarca múltiples aspectos, en lo que se refiere a lo económico se establecería en la disputa y el control sobre dos dimensiones básicas: la primera es la administración de los recursos (los problemas de la asignación de recursos “escasos”); y, la segunda, es la regulación social (las decisiones sociales sobre: qué, cómo, cuánto, producir, distribuir y consumir).

Por tanto, la racionalización de la regulación hecha desde lo social y lo público, con un fuerte peso del Estado, implicaba, para los neoliberales, un atentado al concepto de libertad. No se trataba de la planificación como mecanismo de regulación, sino de la defensa de la sociedad como espacio de la libertad individual en sentido negativo, abandonando los principios de la ética liberal y dejándole dicha libertad al mercado capitalista, bajo sus leyes depredadoras.

Los neoliberales están claros que en su lucha por restaurar el principio del mercado como regulador del sistema-universo, necesitan, para convencer, de algo más que la economía, necesitan de un formato político que concilie. Ese formato político es el Estado de derecho liberal, pero como un nuevo contrato social en el que el Estado de derecho se convierte en la garantía contractual de la economía de mercado (o también la sociedad de mercado). Se trata de una reformulación del Estado de derecho liberal del siglo XIX, formulado por Kelsen, o Carl Schmitt, entre otros, pero con formatos políticos distintos habida cuenta de que las circunstancias del sistema capitalista habían cambiado profundamente.

De las figuras de la contractualidad, el Estado de derecho fundamentado por los neoliberales recoge, en lo fundamental dos: aquella que exonera de Hobbes, y aquella de Locke. La recurrencia a Hobbes es para justificar la preeminencia del interés egoísta e indicar que el Estado se constituye como contractualidad desde la base del interés egoísta (que es el fundamento del mercado autorregulador), mientras que la referencia a Locke está dada en el derecho a la propiedad como derecho natural (serán los derechos de propiedad expresados como derechos políticos fundamentales del Estado de derecho neoliberal). (Dávalos: 2001)

En este contexto, el Estado se convierte en el garante del derecho, y éste en la racionalización histórica de instituciones y reglas de juego patrimoniales y consuetudinarias. El derecho, entonces, es una institución que codifica las reglas de juego sobre las cuales operan los mercados. En ese sentido, el capitalismo se adapta y se convierte en una especie de realización histórica universal. El Estado lo que hace es sancionar las leyes desde un reconocimiento público, desde el dominio de la ley, del “imperio de la ley” (Rule of Law). El Estado, de esta manera, se convierte en un producto del mercado, y éste se convierte en un espacio natural e histórico sancionado por los marcos institucionales propios de cada sociedad. La Constitución Política vigente, por ejemplo, no representa la voluntad soberana del pueblo salvadoreño. Fue impuesta en 1983 para legitimar el brutal despotismo que violó todos los derechos de la gente y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de salvadoreños.

Repensar el Estado es una obligación histórica de la izquierda, contrario sensu a pensar que con algunos “arreglos sociales” se puede continuar sosteniendo el capitalismo. Es una necesidad insoslayable, construir un Estado vigoroso con instituciones fuertes, no obesas; ágiles, transparentes, no burocráticas; instituciones que protejan al pueblo. Seguridad como primera prioridad, pero en su concepción más amplia e integral: seguridad colectiva, seguridad laboral, seguridad social, seguridad pública para el pueblo. Un Estado radicalmente democrático, capaz de proveer acceso por igual a los servicios básicos que necesita y demanda la gente: salud, educación, vivienda digna.

Un Estado que garantice los derechos del pueblo, nuestros derechos, por los que hemos batallado y conquistado: el derecho a ser diferentes y pensar diferente; el derecho a la protesta y al entretenimiento sin que éstos se criminalicen; el derecho a conocer y defender nuestros derechos. Un Estado que regule las fuerzas económicas, no para sustituir a los mercados, pero sí para que la riqueza producida por todos, llegue a la gente y no se acumule. Y desde luego, un Estado democrático que fortalezca la cultura de la tolerancia, de la inclusión y de la participación social en la diversidad, nuestra diversidad: la diversidad ideológica, étnica, cultural, sexual, religiosa, regional.

El rol del Estado es irremplazable en la conducción de la integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la igualdad, la equidad entre la gente  y el desarrollo de los pueblos. El Estado democrático popular, debe ser un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver. Un Estado que garantice el detente contra los abusos de las oligarquías, el conformismo y la institucionalización del miedo, producto de la propaganda del dominio, bases sobre las cuales se fundó el fascismo.

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