Análisis de medios 18 de septiembre de 2015

Un problema de Nación

Como se demuestra cada día a través de las informaciones que publica la prensa, el problema de la inseguridad y el crimen organizado es, sin duda, uno de los grandes desafíos de El Salvador en esta segunda década del siglo.

Más allá de la interesada cobertura que los medios de derecha hacen en relación a homicidios y hechos de violencia en general, lo cierto es que desde el gobierno jamás se negó la seriedad de la amenaza, como tampoco renegó de enfrentar -por primera vez desde el surgimiento del fenómeno- al crimen organizado en todas sus manifestaciones de una forma permanente y decidida, y con muestras claras de eficiencia en ese combate.

Los desafíos que presenta el crimen organizado al Estado son una realidad, y la escalada en las cifras de homicidios demuestran, junto a las diversas formas de mutación y escalada de esos grupos, en cuanto a métodos cada vez más agresivos, que el enfrentamiento es real  y efectivo.

En esa lucha contra todas las formas de crimen organizado  los recursos son imprescindibles. Así como recordamos aquel axioma que señala que “la democracia es cara”, también podemos agregar que también lo es la seguridad.

Esa seguridad no significa solo que cientos de policías y soldados patrullen las calles, caminos y quebradas de ciudades y zonas rurales, protegiendo a la población y enfrentando a los enemigos del Estado, sino que debe tener como estrategia la visión de un país seguro, donde la ciudadanía pueda desarrollar sus actividades sin miedo, donde las fuerzas productivas se desarrollen y avancen a partir de un clima de “paz sin armas”.

Es decir, el estado natural en cualquier sociedad moderna, donde las fuerzas del orden responden a patrones diferentes, porque la prevención y el control del Estado está asegurada.

Pero esa aspiración no es hoy en día una realidad. El Estado debe primero superar, derrotar, vencer el desafío más serio que ha enfrentado desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Para resolver exitosamente ese enfrentamiento, el gobierno de El Salvador, construyó consensos nacionales importantes. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia  es, en ese sentido, una expresión de acuerdos entre las representaciones de las más amplias mayorías, desde los partidos políticos hasta las iglesias de toda denominación, desde las organizaciones de trabajadores y sociales, hasta las gremiales empresariales.

Solo la ultraderecha mostró en la práctica una muy escasa vocación de colaboración con esta iniciativa. En especial porque su estrategia es evitar que el gobierno nacional registre éxitos en su gestión. Sin embargo, hasta esos sectores, se vieron forzados por la realidad a participar.

Y es desde ese organismo de amplia participación ciudadana, de donde surge la idea de imponer un tributo especial que contribuya a recaudar los fondos para la lucha contra el crimen y la implementación de la estrategia del programa El Salvador Seguro.

Una oportunidad para el debate nacional

Ayer fue presentada ante la Asamblea Legislativa la propuesta  de Contribución Especial por los Ministros de Hacienda y de Justicia y Seguridad, destinada a recaudar unos 140 millones de dólares anuales orientados exclusivamente a resolver aspectos de seguridad y lucha contra el crimen.

La Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia, se obtendría del 10% sobre el consumo de telecomunicaciones en todas sus modalidades. En las declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quedaba explícito este aspecto, así como el papel de los operadores telefónicos en la materia, que según sus declaraciones, solo recaudarían esa contribución especial.

Las reacciones no se hicieron esperar, tanto desde sectores de izquierda como desde la derecha.

En el primer caso, sectores no ligados al partido de gobierno (aunque también  posiblemente se dieron similares expresiones  en sectores de base del propio FMLN), pretendieron presentar el caso como una muestra de actitudes blandas del gobierno hacia las empresas telefónicas, en la medida que sería el consumidor final quien pagará ese 10%. El mismo alcalde Bukele, en lo que algunos pueden tildar de “transparencia y honestidad en sus posiciones críticas”, pero que pueden perfectamente también considerarse recursos populistas con intenciones algo menos transparentes, criticó de inmediato la propuesta de gobierno.

Desde la ultraderecha se vislumbró de inmediato una oportunidad para “denunciar” al gobierno y al FMLN como “confiscadores del dinero del pueblo”. y retomaron la vieja cantinela de fondos no utilizados, presupuestos sin ejecutar y mala administración de fondos. Ana Vilma de Escobar, y Portillo Cuadra parecen haber recibido el mandato de iniciar las hostilidades.

Esa corriente de la derecha representada en ARENA no perdió en ningún momento la perspectiva de utilizar populistamente el tema para intentar aislar al gobierno, rechazando cualquier posible apoyo de ese partido a la iniciativa.

Sin embargo, lo que  los críticos no ven o no quieren ver, es que se trata de una PROPUESTA, que se suma a otras ya incorporadas a la lista de tareas del legislativo. De manera que, de forma algo apresurada las críticas se volcaron contra el gobierno, que quizás pudo haber actuado de una manera algo más cautelosa en el manejo del tema.

No obstante, fueron claras las palabras del ministro Lara, (LPG): <<El ministro de Seguridad, Benito Lara, quien fue uno de los funcionarios asistentes a la presentación, pidió a las fracciones legislativas que de ambas iniciativas se saque una propuesta que “venga a contribuir a que el problema principal que tiene este país también tenga un financiamiento especial que nos permita abordar todos los factores de riesgo que tiene nuestra sociedad en los cuales podamos hacer una inversión para ir solucionando poco a poco este problema”.
Lara dijo que con la iniciativa también se financiará “la política de justicia, seguridad y convivencia”
. >>

Es decir, que queda claro que la propuesta gubernamental dista de estar escrita en piedra, pero tiene algunos elementos potencialmente positivos para dinamizar y retomar viejos debates que precisamente esa ultra derecha escandalosa y nada propositiva, evita abordar, como la posibilidad de considerar alternativas para resolver el problema de fondos para seguridad.

Acerca de las alternativas aún no se expresan demasiado los sectores críticos desde la izquierda, pero sería bueno que se considerara. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio, tributos a las tasas de ganancia de las propias empresas telefónicas, la reforma a la legislación fiscal, los impuestos alguna vez propuestos a elementos suntuarios, la elevación de porcentajes de gravámenes a tabaco y alcohol, una focalización contributiva que abarque a las telefónicas pero también a otros grandes grupos empresariales; incluso cabría la posibilidad de considerar penalizaciones económicas importantes a los incumplimientos de las empresas de telefonía en el bloqueo de las señales en los centros penales.

No olvidamos tampoco la posibilidad de quitar la fecha de caducidad a los delitos de corrupción y la posibilidad de que el Estado Salvadoreño recupere una parte de los millones robados en el largo periodo de dominio absoluto de las políticas neoliberales. Y qué decir de la profundización en la lucha contra la evasión y elusión fiscal.

Es decir, que las posibilidades de estudiar a fondo pero de manera diligente alternativas viables, pueden abrirse al calor del análisis no solo de la propuesta de gobierno, sino de diversas propuestas para para dar salida a las necesidades urgentes en materia de seguridad.

Ese es el debate potencial que se abre como una oportunidad con esta propuesta que, sin duda, no llegará al pleno legislativo sin profundos cambios y reformas.

Lo importante será, en todo caso, que se resuelva el problema de los fondos, que en la medida de lo posible no se ataque al consumidor final y que, en cambio, las grandes corporaciones (especialmente las telefónicas) contribuyan con la parte que justamente les corresponde.

Aún es temprano para encontrar estos debates en los medios, pero no lo es para que esos mismos medios de prensa de derecha hayan empezado a despotricar contra el gobierno , ofreciendo sus espacios a los columnistas y “opinólogos” al servicio de ARENA y las grandes corporaciones rechazando, como es de esperar cualquier idea que tenga que ver con el criterio de que los que más ganan más aporten.

Precisamente ese justo parámetro parece escaparse en la propuesta gubernamental, y por ello es de esperar que sea corregida y mejorada con los aportes de las y los diputados y, seguramente, con las opiniones de las organizaciones sociales, de consumidores, etc.

LPG: Presentan anteproyecto de impuesto a la telefonía,  Hacienda proyecta recaudar $140 mill por año; DEM: Gobierno propone gravar con 10% a uso de teléfono; EDH: Usuarios de telefonía pagarán impuesto de Seguridad; DLP: Proponen aumento del 10% a factura telefónica para financiar Seguridad; El Blog:Gobierno presenta propuesta de nuevo impuesto para la seguridad  D1: Gobierno propone impuesto de seguridad que pagarán todos los usuarios de teléfonos

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