Análisis de medios 30 nov.-2 dic. 2015

Una coordinada maniobra de desgaste

Desde que el gobierno del FMLN propuso dos contribuciones especiales para apoyar la labor de financiamiento de la lucha contra la delincuencia organizada, y las medidas  establecidas en el Plan El Salvador Seguro, los sectores políticos, económicos y sociales cuya estrategia es el desgaste del gobierno por medio de la obstrucción en la implementación de sus políticas, decidieron utilizar las nuevas medidas aprobadas en la Asamblea Legislativa como herramientas de desgaste y desprestigio hacia el Ejecutivo.

Fueron dos las medidas aprobadas por el Legislativo y sancionadas por el Presidente de la República. Por un lado una contribución especial para la seguridad que consistía en un tributo del 5% sobre los servicios de telefonía y elementos de tecnología de las comunicaciones; por otro, el gravamen del 5% sobre las rentas de personas naturales o jurídicas cuyas ganancias superaran los $500 mil anuales.

La reacción del sector que alberga a los más ricos de la sociedad, se puso de inmediato en función de combatir la iniciativa. Una vez derrotados en el parlamento, enviaron a sus tradicionales emisarios a presentar amparos ante la Sala de lo Constitucional.

Es natural, están defendiendo sus privilegios desmedidos, y evitando ofrecer flancos tributarios que pudieran desnudar poco a poco sus prácticas evasivas y elusivas en materia fiscal. Frenar la medida en la Corte parece su mejor opción.

Sin embargo, si esta maniobra no fuera exitosa, sus planes abarcan medidas de otro tipo.  Sabotear y provocar situaciones de ingobernabilidad, parecen las opciones que prefirieron.

Así se puede también entender la relación entre ambas contribuciones especiales. Si para la contribución a las rentas le queda a los ultra ricos de El Salvador un tiempo prudencial de un año para que sus declaraciones reflejen esas afectaciones a sus ganancias, algo mucho más inmediato parece venir a servirles para intentar crear terremotos políticos al gobierno, generando inconformidad y malestar en la población.

Allí ambas contribuciones tienen un punto en común (además del obvio de que ambas son destinadas exclusivamente para la seguridad ciudadana), y este es que son adoptados por los sectores de ultraderecha como herramientas de choque anti-gubernamental, como piezas de un gran armazón estratégico de largo alcance,  que se plantea el desgaste gubernamental, la separación o alejamiento del pueblo respecto del FMLN, su eventual derrota y el desplazamiento del  partido de izquierda del gobierno, para reconquistar las posiciones neoliberales de control y administración del Estado. Además, el fracaso de la actual administración en las políticas de seguridad, resulta instrumental para los intereses de la ultraderecha.

De esta manera, los sectores pro-oligárquicos y de grandes concentraciones de capital transnacional se encontraron como socios tácticos naturales para buscar sus fines.

No fueron necesariamente esta vez los grandes medios de comunicación sus pilares principales, sino las empresas de telefonía, que vienen lucrándose del dependiente y consumista mercado local salvadoreño, al que han tenido cautivo por medio de acuerdos bajo la mesa entre los cuatro grandes operadores que reciben concesiones del Estado (TIGO, Movistar, Claro y Digicel) desde que, gracias al salvajismo neoliberal y vendepatria de ARENA, se liquidaron los bienes del Estado en materia de telecomunicaciones.

¿Qué sucede con la contribución especial a las telecomunicaciones?

Desde que se conoció la iniciativa del Ejecutivo de promover la contribución especial para la seguridad en materia de telecomunicaciones, los principales opositores a la medida fueron los operadores de telefonía; es decir, las cuatro grandes empresas, que incluso decidieron a partir de ese momento organizarse en un cartel empresarial, al que denominaron CASATEL

Ese cartel claramente orientará y dedicará sus esfuerzos no solo a la promoción de sus asociados sino al cabildeo, para favorecer sus intereses en la lucha entre corporaciones, por la adjudicación del espectro radioeléctrico en detrimento de los operadores comerciales de televisión y de los sectores comunitarios y populares, que dan la batalla por hacer valer su derecho a la existencia democrática y participativa en un bien público administrado por el Estado. LPG: Asamblea avanza en actualizar ley para la concesión de frecuencias

En ese marco, las presiones de  las telefónicas siguen demostrando, como ya lo hicieron con su desleal y reprobable comportamiento al incumplir la Ley anti-extorsiones, negándose a bloquear las señales celulares desde y hacia los centros penales, que la seguridad ciudadana no es prioridad de estas multinacionales, si ello representa limitar sus extraordinarias ganancias.

En esa situación los operadores de telefonía demuestran una y otra vez su hostilidad hacia el gobierno del FMLN y sus políticas.

Así las cosas, la contribución especial vino a presentarse a estos empresarios con mentalidad oligopólica como una oportunidad para desprestigiar y debilitar al gobierno.

Tal como en el caso del bloqueo de las señales,  nuevamente se limitaron a no cumplir con lo que la ley indica o bien, poner excusas, oponerse, emitir comunicados, victimizarse ante la opinión pública y utilizar medidas arbitrarias e interpretaciones amañadas de la reglamentación, de manera que sus acciones afectaran a la población más débil y que ésta culpara al gobierno de la situación.

Así desde este fin de semana cambiaron los sistemas de cobro, incluyendo un porcentaje extra por sobre los precios de recarga, para hacer creer a la población que ese es el dinero que el gobierno recaudará para seguridad.

Falso. Las telefónicas siempre supieron que la contribución se administraría como los impuestos y contribuciones a la gasolina, que se incluye en el monto solicitado por el consumidor. En cambio, las empresas de telefonía, optaron por una perversa maniobra de corte exclusivamente político, reaccionario y contrarrevolucionario. Afectar a la población incrementando 5 centavos en cada dólar de recarga a su teléfono. Insinúan así que ese monto va para el gobierno. Y entonces, junto con ARENA y compañía salen a gritar “culpa del gobierno del FMLN”.   DEM: Gobierno: usuarios prepago no deben pagar más por recargasUsuarios pagaron resignados cobros adicionales por CESCDos operadores aclaran que sí están aplicando correctamente el impuesto a la telefonía“No es contribución especial, es un impuesto disfrazado”; EDH: Confusión por nuevo impuesto a la telefonía;  “El cliente recibe saldo que está pagando”Conapes prepara amparo contra cobro 5% a telefoníaBlanco: El camino más fácil es decir que es persecuciónCobro impuesto a seguridad ya entró en vigencia en el país; DLP: Eugenio Chicas: El cobro de la contribución para seguridad se está haciendo mal; D1: Advierten que son ilegales cobros en recargas de saldo en telefonía

En realidad, ocultan cuanto pueden que lo que hacen es vender a sus clientes más saldo del que solicitan. Cinco centavos en exceso por cada dólar. A todas luces esto resulta ilegal y acarreará multas y sanciones.

Pero no parece ser esto lo que preocupe a los operadores de telefonía. Especulan con que el desgaste al gobierno será suficiente “compensación”,  por la cual valdría la pena pagar multas. Por eso, tal vez sea el momento en que el precio de esta declaración de guerra al gobierno popular, contemple un costo mayor: las concesiones, de las cuales es el Estado salvadoreño el único responsable y administrador.

Por otra parte, no parece razonable que el cartel de las empresas de telefonía muestre semejante nivel de oposición, sólo por el hecho de tener que pasar a ser agentes de recaudación. Pero, en cambio, esa feroz resistencia cobra sentido si -como ya parecen haber visto con toda claridad- saben que al tener que declarar esas recaudaciones tributarias, ya no podrán ocultar, disfrazar o eludir sus ventas reales, los minutos al aire que declaren. Es decir, corren peligro de que sus próximas declaraciones muestren discrepancias históricas con sus declaraciones de años anteriores. Eso sí, justificaría tamaña resistencia, puesto que también allí sus concesiones podrían correr peligro.

Los medios, mientras tanto, aunque se hacen eco de lo que digan los operadores de telefonía, no parecen haber abrazado esta bandera, lo cual también es lógico si están alineados con el “adversario natural” en esta guerra inter-oligopólica.

No obstante, el tema del desgaste al gobierno pretende ser utilizado, y resulta funcional a otras tácticas mediáticas, como la anti-científica y sesgada encuesta  de opinión que acaba de publicar LPG como arma contra el gobierno y , en particular contra el presidente Salvador Sánchez Cerén. LPG: Chicas: el gobierno tomará en cuenta la encuesta LPG DatosOposición cree que el resultado de la encuesta es reflejo de mal gobierno; Contarpunto: Luis Armando González, Consideraciones sobre la última encuesta de LPG

Así se entienden algunas de las piezas de este rompecabezas que tiene como objetivo de largo alcance las batallas de 2018 y 2019, pero que para llegar a ellas, habrá que pasar por otros muchos y desafiantes combates, en la lucha por ganar el corazón y las mentes de los grandes sectores populares, en defensa de los cambios que, por más que se empeñen en negar todos los aliados de la oligarquía, están allí, presentes, constantes, como un recuerdo permanente de un gobierno que puede mostrar al mundo sus obras en favor de las mayorías populares. Hacer olvidar ese hecho al pueblo es el objetivo habitual de los medios al servicio de la derecha. Hoy, ese mismo objetivo parece tener el cartel de las telefónicas.

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DLP

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D1

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