Análisis de medios 1-2 de marzo de 2016

Cortinas de humo. Una lógica perversa y miope

Sin duda El Salvador vive días de grandes desafíos, de decisiones complicadas, de debates empantanados por el egoísmo cortoplacista de quienes creen que con atacar al gobierno del FMLN, con buscar por todos los medios posibles su asfixia económica, conseguirán réditos electorales de algún tipo en 2018 y en 2019.

Esos sectores, los políticamente más atrasados dentro de la sociedad, no han dudado jamás -y no lo hacen tampoco hoy- en poner por delante de cualquier interés de Nación sus miserables intereses personales.

Pero cuando hablamos de Nación estamos también hablando de Pueblo, ese pueblo que representa las más amplias mayorías trabajadoras, olvidadas por siempre por aquellos que gobernaron El Salvador sin misericordia alguna, no por décadas sino por siglos, despojando de bienes y derechos a quienes no pertenecieran al selecto grupo de poderosas familias emparentadas entre sí por lazos de dinero y ansias de poder. 

Ese pequeño pero poderoso grupo, conformado como una élite dominante en el territorio salvadoreño, y que solemos definir como  “oligarquía”, jamás dejó de ver el país como su particular feudo, su finca donde se sintieron amos y señores.

Para esa oligarquía salvadoreña resulta absolutamente extraño y ajeno a su comprensión  el hecho de que fuerzas políticas y sociales a las que siempre despreciaron y subestimaron, hayan sido capaces, en diversos momentos de la historia, de desafiarlos y confrontarlos. Por años su respuesta fue la muerte y la sangre de los rebeldes, en cualquier época y a cualquier precio. Pero esas élites fueron desplazadas como producto del conflicto armado y su culminación en los Acuerdos de Paz, que abrieron un nuevo horizonte para el país.

Desde entonces, el reacomodo de las fuerzas oligárquicas para continuar con su posición hegemónica, llevó a las mismas a abrazar con mayor intensidad el modelo capitalista neoliberal.

La paz no impidió que el Estado continuase siendo el feudo patrimonial oligárquico, donde “hacer negocios” significaba hacerlos para la oligarquía, donde la competencia era solo permitida entre esas mismas familias, y donde los sectores trabajadores seguían siendo una simple moneda de cambio, un valor a explotar en beneficio de los mismos de siempre.

En todos esos periodos de la trágica historia nacional jamás conceptos como “transparencia o rendición de cuentas”, formaron parte del vocabulario de fuerza gobernante alguna, ni de la oposición de derecha con las cuales aquellas élites garantizaban su continuidad.

No fue sino hasta la llegada (inesperada e inaceptable para esa oligarquía) del primer gobierno de izquierda en El Salvador, que las fuerzas extremistas de derecha empezaron a buscar todo tipo de recursos que pudieran servir a un objetivo único: impedir el avance de ese gobierno y, sobre todo, que el primero fuese también el último.

También fallaron en sus cálculos en el año 2014 y, por segunda vez, recibieron una derrota que puso al mayor exponente político de esas clases dominantes (ARENA) nuevamente contra las cuerdas.

Atrincherarse en los poderes que aún controlan, como es el caso de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y de otros personeros del órgano judicial, fue una de las primeras medidas adoptadas para intentar revertir la situación. Desde allí, comenzaron las tácticas de escaramuzas judiciales que llevaron progresivamente a que cuatro abogados desde una Sala desafiaran al resto de poderes del Estado, los intentara controlar y, cuando eso no fuese posible, los maniatara a fuerza de bloquear los flujos de capital en forma de impuestos o empréstitos. El FONAT y los $900 millones congelados son claros ejemplos.

Poco a poco esa asfixia financiera hacia el Ejecutivo va teniendo sus consecuencias: bloquear fondos a fuerza de arbitrarias decisiones judiciales, a la medida de las aspiraciones de la ultraderecha, ha ido gradualmente entorpeciendo la aplicación de programas de desarrollo social, a los que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se comprometió durante su campaña.

Sin embargo, esa derecha enquistada en el poder judicial, y asociada a los empresarios mas radicalmente neoliberales, no han logrado paralizar el gobierno ni la aplicación de sus programas, que se continúan aplicando a pesar de los obstáculos.

Desde la Asamblea Legislativa, los reductos de la ultraderecha juegan también su papel de impedir por un lado el flujo de liquidez, no contribuir a la aprobación de presupuestos, limitar en lo posible el accionar del Ejecutivo y entorpecer con su oposición el cumplimiento de compromisos internacionales del estado salvadoreño.

Simultáneamente, una y otra vez, esos mismos diputados que reclaman contra lo que llaman “despilfarros” y exigen “responsabilidad fiscal” como excusas para seguir poniendo palos en las ruedas, reclaman mayores inversiones del gobierno. Una política perversa y habitual. El ejemplo de las pensiones resulta ilustrativo: exigen mayor rentabilidad, pero se niegan a aprobar reformas que permitan la sustentabilidad necesaria para garantizar de manera vitalicia este derecho a los pensionados, sin hablar ya de la ridícula propuesta empresarial en materia de salario mínimo.

La mentira como herramienta de desestabilización

Los medios de prensa y propaganda de la oligarquía, son instrumentales en las dos fases del engaño oligárquico. Por un lado, reproducir hasta el cansancio las posiciones de la derecha, reduciendo a la mínima expresión las del gobierno y el partido que lo respalda; por otro, hacen  creer a la población la versión de los millonarios, de ese grupúsculo de inescrupulosos que no tienen empacho en jugar con la vida y la seguridad del pueblo y con la estabilidad del país, con tal de acercarse a su objetivo último: regresar al control absoluto del Estado.

Esos medios son los que día a día eligen los temas que cada uno de nosotros debe leer y conocer, y oculta lo que informativamente puede ser nocivo para sus planes y objetivos.

Así, luego de la muerte de Francisco Flores y las revelaciones en torno al destino de los fondos de Taiwán, que no pudieron ocultar lo suficiente, esos medios se dedicaron a imponer nuevos temas, nuevas portadas, nuevas maderas. Agentes distractores que con su estruendo apagaran los ecos del escándalo. Así apareció la Sección de Probidad y los casos Funes y Saca. La cruzada de LPG contra Nayib y los twitteros y,  más recientemente, los videos en penales, guardados durante 4 años para dejarlos salir en el momento que favoreciera los intereses políticos de esos medios y sus patronos.

De esa manera un condenable video de una fiesta en una cárcel para pandilleros, ocurrida en 2012, bajo otra administración -que fue precisamente removida abruptamente de sus responsabilidades por hechos que contradecían la conducta esperada de los directores y personal de Centros Penales-, pretende ser utilizado para involucrar  a las actuales autoridades. Una manipulación que ya es moneda corriente en los medios de prensa que sufre el pueblo salvadoreño como una enfermedad incurable.

Al mismo tiempo, casi no recibió tratamiento mediático el hecho de que un delincuente, un pandillero con cargos por extorsión y homicidios, fuese parte del equipo de la alcaldía arenera de Apopa, ni que ya sean reiteradas las veces que miembros de estructuras criminales hayan sido encontrados bajo la protección de un alcalde tricolor.

Del mismo modo sucede con el tema de las pensiones y la infame campaña de “el robo del siglo” que, por una parte, oculta verdaderos robos del siglo ocurridos en El Salvador, como la privatización del sistema de pensiones, o la de otras lucrativas entidades públicas (ANTEL, bancos, etc), pero que por otra tergiversa la realidad, criticando sin fundamento una propuesta que ni siquiera había sido presentada por el Ejecutivo.

Paralelamente el sistema de medios al servicio de la oligarquía había ocultado convenientemente el debate acerca del aumento del salario mínimo y las propuestas de miseria que formularan ANEP y sus socios en torno al tema.  Ante la propuesta gubernamental de un incremento real y efectivo de las pensiones (250 para el sector rural y 300 para el urbano), esa prensa recurrió a sus plumas pagadas o a sus editoriales para deslegitimarla, aun sin conocer los detalles, con el simple apelativo de “populista”.

Son cientos los ejemplos que podemos mencionar, pero el caso es que día a día, el pueblo salvadoreño recibe esta andanada de mentiras o de medias verdades condicionadas, con un único y descarado objetivo, desestabilizar, promover ingobernabilidad,  socavar al gobierno de la república hasta en sus proyectos más exitosos. La encuesta de hace unos días de EDH y la de este medía publicada por LPG son ejemplos de la forma retorcida en que esos medios pretenden hacer creer a la población que “nadie cree en el gobierno”, y que solo recostándose en las ofertas de el extrema derecha, el futuro será próspero.

Esa es la enorme nube de humo que día a día genera esta oligarquía declaradamente enemiga del pueblo pero que, curiosamente, se presenta como su defensor cada vez que los voceros de la ANEP, los Aliados por la democracia, los cómicos personajes de FUNDE y los desprestigiados líderes del COENA, abren sus bocas frente a micrófonos y cámaras “amigas”.

Y todo esto sucede mientras el gobierno se encuentra embarcado en una profunda batalla contra la criminalidad y en defensa de la ciudadanía,

Pero El Salvador es más que su denigrante oligarquía. Existen otros sectores empresariales, políticos, sociales, capaces de comprender que más allá de cálculos electorales futuros, El Salvador requiere hoy de unidad en la acción para avanzar en la superación de una crisis que, más allá de no haber sido creada por el gobierno en turno, exige consenso y acuerdos de Nación, para garantizar el avance en los cambios que, a pesar de la negación de los extremistas de derecha y sus medios, existen y se van consolidando. Ese conjunto de dirigentes de derecha, pero racionales, participó ayer en el lanzamiento de una de las herramientas estratégicas diseñada para asegurar los avances en el rumbo adecuado: el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV).

Parece un inspirador primer paso, no solo por lo que representa la seguridad ambiental para garantizar la vida en el país, sino por el hecho de que sectores sociales que no necesariamente comulgan con el gobierno, dieron muestra de decencia y de una más amplia visión de la realidad y las necesidades de país. Sin duda, sigue teniendo enorme vigencia el lema que abandera el actual gobierno: unámonos para crecer. Unidos podremos superar desafíos, derrotar la violencia y el crimen, avanzar hacia el desarrollo, e integrar a los sectores y clases históricamente excluidas.

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