Análisis de medios 10 de agosto de 2016

Sala de lo Constitucional: Argumentos técnicos y razones políticas que avalan la demanda contra sus magistrados

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sido demandados por los diputados suplentes del Grupo Parlamentario del FMLN ante la Fiscalía General de la República (FGR). Se les demanda por el presunto cometimiento del delito de prevaricato, luego de declarar inconstitucional el decreto de la emisión de bonos por $900 millones de dólares e inhabilitar a diputados suplentes, dentro del pleno legislativo.

Como parte de la defensa que intentan hacer los magistrados de la Sala, en reciente entrevista Sidney Blanco alegó que la resolución tiene coherencia con la Constitución, mientras que Florentín Meléndez expresó su “tranquilidad” al respecto y dijo: “la razón nos asiste y la constitución nos protege”. DEM: Sidney Blanco: “Quienes no reciben el voto no pueden ser considerados electos”; DLP: Florentín Meléndez: “Que acudan donde quieran a demandarnos penalmente, no prosperarán”

Resulta preocupante. ¿Será que los magistrados no conocen las leyes? o ¿tienen fe ciega en que pueden manipular al pueblo porque sus mentiras nunca serán descubiertas?

Florentín Meléndez aseguró este martes que todas las resoluciones de inconstitucionalidad emitidas son apegadas a lo que mandata la Constitución de la República y presentadas en respuesta a las demandas de ciudadanos. CP:Magistrados: la Constitución nos protege

Podríamos preguntar: ¿algún ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los diputados suplentes? Todos sabemos que no.

Sin embargo, la Constitución en el artículo 174, inciso primero, establece la potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, de resolver sobre demandas de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos, siempre que las mismas resulten de la petición de cualquier ciudadano. Elemento que queda claro y se recalca en el artículo 183 de dicha normativa.

La Ley de Procedimientos Constitucionales reafirma tal normativa, en tanto establece los procedimientos que la Sala de lo Constitucional va a seguir para dar curso a las demandas de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en su artículo 2, se faculta a cualquier persona de nuestro país para interponer demandas de inconstitucionalidad, mientras que en el artículo 6, se definen los requisitos de una demanda donde se solicita la inconstitucionalidad. En este último artículo, se destaca  que las demandas de inconstitucionalidad deben dejar claro lo que se solicita por ser contrario a la Constitución, y que el procedimiento para su resolución se limitará exclusivamente a ello.

En ningún apartado de la Carta Magna, ni en la Ley de Procedimientos Constitucionales, se da la potestad a los magistrados para que de oficio inicien o declaren inconstitucional un cuerpo normativo o decreto sin haber sido solicitado por un ciudadano de la república.

En este tema, es importante resaltar que los Magistrados y jueces deben velar porque sus funciones sean acordes a lo que establece y les permite la Constitución y las leyes vigentes. Se debe recordar que las actuaciones de los funcionarios públicos siempre deben ser fundamentadas en la Constitución y el marco legal, esto significa que no pueden atribuirse funciones que no estén expresamente en dichos referentes jurídicos.

Tratando de justificar la sentencia de inconstitucionalidad de los diputados suplentes, Florentín Meléndez señala que la Constitución de la República establece en su artículo 131 las causales por las cuales debe llamarse a los suplentes, de forma justificada y documentada, para sustituir a un propietario; mientras que Sidney Blanco, aludió al artículo 80 de la Constitución, cuando alegó que: “quienes no reciben el voto no pueden ser considerados electos”. Técnicamente hablando, el problema es que no fue por ninguno de esos temas que se interpuso la demanda como parte de cuya sentencia se declararon inconstitucionales los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa y, por tanto, no pueden utilizar estos artículos para defender y legitimar la misma. EDH: Magistrados CSJ defienden resolución sobre diputados suplentesDEM: Sidney Blanco: “Quienes no reciben el voto no pueden ser considerados electos”EDH: Magistrados CSJ defienden resolución sobre diputados suplentesLPG: Pleno de CSJ no puede conocer amparo de suplentes: magistrado

En la resolución de inconstitucionalidad de los diputados suplentes, podemos decir que la Sala se excedió de lo que le habían solicitado. En la demanda no se pide expresamente que se declare inconstitucional la elección de los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa. LPG:  Sala CSJ confirma que diputados suplentes deben salir de Asamblea  DEM:Sala rechaza restituir a diputados suplentes  El Blog: Sala rechaza apelación de Asamblea Legislativa sobre diputados suplentes

En este caso podemos mencionar que no se respetó el principio de congruencia, que según el autor Manuel Ossorio, en su obra “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”: es la conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio.

El Principio de congruencia tiene una relación muy cercana con la inconstitucionalidad de oficio (no permitida en nuestro país). El principio de congruencia se  prohíbe que el magistrado o juez vaya más allá de lo requerido por las partes en el proceso.

Al no respetar el principio de congruencia se tendrá incongruencia en el fallo de la sentencia. Una sentencia incurre en incongruencia cuando se produce una descoordinación, un desajuste o una ausencia de relación lógica entre el pronunciamiento judicial y las peticiones de las partes, ya sea porque no se resuelven todas las cuestiones planteadas en el juicio, o bien, porque se extralimita el contenido de la decisión, aludiendo a cuestiones que no han sido objeto del debate.

En el caso de la sentencia de inconstitucionalidad de los diputados suplentes no existe congruencia en la sentencia, atendiendo a la doctrina antes explicada, que fundamenta nuestra Constitución, y establece este problema como “error in procedendo”.

El “error in procedendo” puede presentarse en tres formas:

1) Cuando se otorga más de lo pedido;

2) Cuando se otorga algo distinto de lo pedido; y

3) Cuando se deja de resolver sobre algo pedido.

La sentencia puede ser “plus o ultra petita”, si se otorga más de lo pedido; “extra petita”, si se otorga algo distinto de lo pedido o “citra petita”, si no se resuelve sobre algún punto que fue pedido.

En el caso de la pasada sentencia de inconstitucionalidad donde se establece que los diputados suplentes no pueden seguir ejerciendo por ser inconstitucional su elección, podemos decir que la Sala otorgó una resolución en la cual resolvió algo que no se le había pedido, clasificando su acto en: “plus o ultra petita” LPG:  Sala CSJ confirma que diputados suplentes deben salir de Asamblea DEM: Sala rechaza restituir a diputados suplentes  El Blog: Sala rechaza apelación de Asamblea Legislativa sobre diputados suplentes

El magistrado Florentín Meléndez, también alegó que la sentencia sobre los diputados suplentes está sustentada en los artículos 80 y 145 de la Constitución de la República. Interesante, porque el artículo 145 se incluye en la Sección Tercera de la misma: “Tratados”, cuyo objeto son los tratados internacionales. El Blog: Magistrados de Sala de lo Constitucional seguirán emitiendo resoluciones a pesar de recibir amenazas

Pudiéramos suponer que tampoco conocen el artículo 172, inciso tres, de la Carta Magna, donde se expresa que los jueces y magistrados en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Esto significa que tanto jueces como magistrados no van a responder a intereses, mucho menos económicos y políticos que vayan en contra del beneficio de las grandes mayorías en el país.

¿Cómo se explica entonces la reunión que sostuvieron los magistrados en FUSAL? La institución de los Poma, en la que fueron convocados los periodistas de medios de la derecha. En la misma el magistrado Florentín Meléndez afirmó: “los que conducimos este país debemos dialogar” TVX: “los que conducimos este país debemos dialogar”

Esto, además de reafirmar el atropello que realizan dichos magistrados a la propia Constitución, muestra como la Sala pretende ser un poder por encima del legislativo y el ejecutivo, rompiendo los cánones del sistema democrático en general, y específicamente del nacional.

Las diferentes manifestaciones de descontento de la población que exige la renuncia de los magistrados de la Sala por resoluciones arbitrarias son una muestra de ello. Por ejemplo:

Estas acciones constituyen la respuesta del pueblo que está cansado de tantas mentiras y actos de corrupción institucionalizada de parte de la derecha y sus aliados.

La reacción de los magistrados ante estas expresiones de la voluntad popular ha sido catalogarlas como amenaza, atentado u ofensa contra su integridad.  Además, muestran su desdén ante las mismas cuando afirman que las resoluciones y sentencias emitidas representan: “Un Estado de Derecho, y estas se cumplen y se acatan”. EDH: Sala de lo Constitucional teme atentado por campaña en contra; DEM: Las amenazas recurrentes a la Sala Constitucional

Evidentemente a la Sala de lo Constitucional no le importa que estas sentencias afectan directamente al pueblo. Esto solo sigue confirmando del lado que quién están, los intereses de quién defienden y el carácter oligárquico de  los cuatro magistrados de la Sala.

Los funcionarios públicos tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. En tal sentido, si la Sala de lo Constitucional y sus cuatro magistrados se quieren apegar a las reglas jurídicas y a la Constitución, hay que dejar claro que los mismos Belarmino Jaime y Rodolfo González representan la encarnación de la inconstitucionalidad.

El nombramiento de estos magistrados fue ilegal, porque ellos no estaban en las listas originales de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura, ni del gremio de abogados, únicas instancias que pueden proponer a la Asamblea Legislativa candidatos a magistrados. LPG: Lo que está escrito DEM: El desacato o promover el caos institucionalUn camino: la Ley Procesal Constitucional

Es preocupante que en un país que busca garantizar el Estado el Derecho, y en el que la Constitución expresa que: la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado, cuatro personas orientadas por una afinidad política y /o intereses económicos comunes, quieran dirigir el país y pasar por encima de las leyes. Lo que está claro es que en un Estado de Derecho que garantiza la seguridad jurídica, se deben limitar las actuaciones de los funcionarios para que estos no excedan y no perjudiquen al resto de la población.

¿Cómo proceder entonces ante una institución que está atentando contra la seguridad jurídica de la que hoy gozamos como nación?

A los Magistrados de la Sala de lo Constitucional sería importante recordarles también que en el artículo 87 de nuestra Constitución se establece: Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución

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