Análisis de medios, 23 de marzo de 2017

Los intereses oligárquicos detrás de la Sala de lo Constitucional

La Ley de Acceso a la Información Pública ha sido un instrumento para que los ciudadanos obtengan información de los diversos organismos del Estado y sean conocidos por la población salvadoreña. En muchas ocasiones diversos organismos de derecha han alabado y aplaudido la creación de dicha ley, la cual les ha permitido hostigar y desestabilizar las funciones públicas del ejecutivo. EST:Diputados critican que CSJ no bride informe público sobre reunión con medios de comunicación

Este instrumento ha servido para exigir información desde los viajes hasta la hoja de vida del presidente, obteniendo una respuesta favorable a la petición por parte del gobierno central, demostrando así su respeto a las leyes y al Estado de Derecho.

Sin embargo, cuando se trata de fiscalizar los actos públicos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) utiliza subterfugios legales para evitar que se conozca los verdaderos motivos de la reunión que miembros de esta Sala sostuvieron con los medios de comunicación en la sede de FUSAL en julio del año pasado. EDH:Capres: Pocos aspiran a ser comisionado del IAIP

Esta actitud sienta un mal precedente para la aplicación de la justicia, pues un organismo se “autoampara” evitando que la población conozca el mal proceder de la Sala, que en un acto de soberbia e insolencia política se reúnen con los medios de derecha en el marco de las resoluciones que afectaban política y económicamente al ejecutivo. DEM:Elección comisionados del IAIP entrampada por falta aspirantes

El amparo que la Sala de lo Constitucional acepta de la CSJ no es más que una estrategia para detener las sanciones que podían provenir del Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo inaudito de todo esto es que los personajes que han gritado a los cuatro vientos la importancia de la transparencia son los que han tomado esta decisión violando el derecho de los salvadoreños a saber el actuar público de sus funcionarios. DEM:“Se han incumplido los plazos”: Campos

La Sala hace alarde, nuevamente, de estar por encima de la Constitución y de las leyes de la República. Esta actitud demuestra lo que realmente se encuentra detrás de la Sala, que no es otra cosa que los intereses de la oligarquía nacional y su histórico desprecio hacia la institucionalidad del país. Este hecho es un retroceso en las conquistas de los ciudadanos por fiscalizar eficientemente el actuar de los funcionarios estatales y, más aún, fomenta la impunidad entre los más altos funcionarios del órgano judicial.

Ya no es un secreto que las resoluciones políticas que la Sala de lo Constitucional elabora y emite tienen como propósito perjudicar las acciones del FMLN y su segundo gobierno. Tampoco hay duda de que la medida de separar de su cargo al magistrado Ulises Rivas responde a la manifiesta intención de imponer una representante de la derecha salvadoreña en el Tribunal Supremo Electoral.

Todo el “trabajo sucio” que ha hecho la Sala de lo Constitucional no ha dado los frutos que espera la oligarquía. Desde 2009, cuando fueron elegidos, no han descansado en emitir resoluciones a la medida del partido Arena y sus financistas. Basta con hacer un recuento de los fallos que han generado para darse cuenta que su objetivo primordial es quebrar política y económicamente al gobierno o, en el menor de los casos, mermar el apoyo electoral del FMLN.

Es vergonzoso y asqueroso a lo que se ha quedado la Sala de lo Constitucional…

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