Análisis de medios, 31 de mayo de 2017

La respuesta de la clase dominante al destape de corrupción, sobresueldos y la partida secreta (Judicialización de la política)

La transparencia con la que ha trabajado el anterior gobierno y el actual, ha permitido revelar en estos ocho años, numerosos casos de corrupción que nunca en la historia hubieran salido a la luz, sin la apuesta al fortalecimiento de instituciones  del Estado, principalmente aquellas que trabajan para combatir la corrupción.

La Fiscalía General de la Republica (FGR), es una de las institución que tiene como función principal “Defender los intereses del Estado y de la Sociedad”, actuando con seriedad, eficiencia y responsabilidad; conforme los principios de legalidad, justicia, seguridad e imparcialidad en lo referente a la búsqueda de justicia.

Pero pareciera que las denuncias que llegan a esta institución sobre los casos de corrupción, delitos e infracciones a la ley que cometieron gobiernos que presidieron funcionarios de Arena, NO forma parte de la persecución penal de esta institución. Hay pocos resultados de la actual gestión fiscal para perseguir los delitos de corrupción cometidos por los gobiernos de Arena, ya que esta institución no realiza las acciones correspondientes para hacer justicia y empezar por los casos que ameritan. Esta misma institución monto todo un espectáculo mediático el año anterior en una persecución sin precedentes contra el ex mandatario Mauricio Funes, pero no ha hecho mayor cosa por investigar los actos de corrupción del partido tricolor. LPG: Directores de penales desviaron $5.6 mill para tregua de pandillas: FGR

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recientemente ha ordenado, por medio de la sección de Probidad, que se investigue a todo el gabinete de gobierno de Mauricio Funes en la idea de desviar la atención de la ciudadanía, que se mantiene atenta a la corrupción que el partido Arena llevó a cabo en los gobiernos de Saca, Flores, Calderón Sol y Alfredo Cristiani. LPG: CSJ: probidad no avanza por “desproporcionada” carga laboral

Es un delito a nivel reglamentario la forma de proceder de dos instituciones fundamentales del sistema de justicia salvadoreño, ya que su actuar responde a intereses políticos partidarios; ya no es un secreto para el pueblo salvadoreño que la CSJ y la FGR estén siendo utilizadas por los grupos de poder que se resisten a dejar sus antiguos privilegios, como repartirse el botín estatal a manos llenas. EDH: Funde: “blindaje” a funcionarios incentiva corrupción en el país

Desde 2009, el órgano judicial, particularmente la Sala de lo Constitucional, ha tomado relevancia política por las resoluciones que ha dictado, mayoritariamente para detener el avance del proyecto social representado en el FMLN. La Fiscalía tiene un papel sobresaliente en este entramado que la burguesía ha planificado con el objeto de recuperar el control del ejecutivo lo más pronto posible. Para ello es necesario el control de la FGR y la CSJ.  EF: El Salvador, caso ejemplar para el análisis de la corrupción

La descarada actitud del fiscal y los magistrados de la Sala de lo Constitucional frente a las denuncias de sobresueldos que han hecho numerosas organizaciones sociales ejemplifica la manera en que están siendo manipuladas dos instituciones, supuestas  garantes de la justicia salvadoreña y encargadas de velar por los intereses del pueblo y el Estado.  DEM: CSJ tiene pendiente caso partida secreta

El protagonismo político que han cobrado los jueces de la Sala de lo Constitucional y la FGR al defender abiertamente a los grupos empresariales y al partido Arena no deja lugar a dudas que sus intenciones son desestabilizar política y económicamente al gobierno central. DEM: CSJ tiene pendiente caso partida secreta

Estas acciones de persecución política que han emprendido contra funcionarios públicos de los gobiernos del FMLN son peligrosas para el desarrollo del país en el sentido que se criminaliza la buena gestión, mientras se evade la corrupción y el despilfarro cometidos por los gobiernos de Arena. EST: Ministro de Justicia: No pedimos favoritismos para Rodil Hernández, pedimos que se haga justicia

Lo que dejan en evidencia estas dos instituciones con su actuar, es que la captura de Rodil Hernández y la investigación abierta al gabinete de Funes, no solo es la respuesta de la clase dominante al destape de corrupción de sobresueldos y la partida secreta en tiempos de gobiernos de Arena, sino que parece ser  la antesala a golpes más fuertes contra la institucionalidad del país que comenzó a enrumbarse y tomar forma desde la llegada del FMLN al gobierno central; y más allá, es la respuesta a una arremetida a nivel internacional para contener el avance de los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina a través de la judicialización de la política . DEM: Acusan a directores de Centros Penales desviar $5.6 millones

 

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