Mientras la prensa conservadora intenta ir desplazando gradualmente el tema de la investigación de la corrupción y entrega de patrimonio del Estado Salvadoreño a empresas extranjeras violando la Constitución, el caso CEL-ENEL parece negarse a desaparecer, para desesperación de ARENA, de su candidato, de sus asesores de campaña y, por supuesto de la larga lista de cuadros políticos de ese partido, involucrados y acusados en un caso que, posiblemente, sea el de mayor calado en la historia reciente del país, no solo por sus implicaciones políticas sino por la magnitud misma en términos económicos y pérdida de soberanía que puede develarse al finalizar este caso.

Los funcionarios públicos a quienes la historia ha puesto ante la oportunidad de abrir las ventanas y puertas de una hedionda casa, donde la corrupción parece haber permeado cada acto de un gabinete de gobierno completo, el del ex presidente Francisco Flores, resultan ser curiosamente, gente que ideológicamente comulga con el pensamiento de la derecha política del país. No se trata de un Fiscal General o un presidente de la CCR que provengan de las filas de la izquierda, no es gente que ni siquiera en su juventud haya mostrado inclinaciones o cercanía a esas ideas, relacionadas tradicionalmente con la justicia social y la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, las manifestaciones que se originan en las filas areneras de mayor responsabilidad, demuestran haber tomado claramente la decisión de «matar al mensajero» acusar a los funcionarios de ponerse al servicio del FMLN, del presidente de Funes, y de actuar motivados por cuestiones políticas. Los argumentos muestran la desesperación arenera, pero sobre todo la falta de ideas y argumentos: dichos funcionarios fueron propuestos a sus actuales cargos, por ARENA, y respaldados finalmente por el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria. No se limitan a acusaciones, sin embargo, sino de acuerdo a las declaraciones de los funcionarios y a lo reportado por los propios medios de la derecha, de amenazas, en algunos casos físicas, en otras de corte judicial.

Algunos medios, por otra parte, se hacen eco de las posiciones de los dirigentes areneros y de los imputados y,k a través de sus columnistas, pero también en la orientación tendenciosa de sus artículos, muestran claramente su posicionamiento. Tal es el caso de EDH en particular.

Los tres medios impresos, habitualmente analizados en estas líneas, observan un similar comportamiento en cuanto a otorgar a otra noticia el lugar preferente de sus portadas. Así, mientras EDH se hace eco de los mensajes alarmistas generados en FUSADES, cuestionando la posibilidad de pago de salarios y aguinaldos en el gobierno, LPG destaca una operación policial para desmantelar una red de prostitución de menores. DEM, por su parte, destaca un tema relativo a la reforma migratoria en EEUU.

En todos los casos, justo es decirlo, el segundo plano más destacado es para el tema CEL ENEL, y en los tres, el eje es la posición y argumentos de uno de los imputados, Guillermo Sol Bang al presentarse ante los juzgados.

LPG: Sol Bang reafirma actuó con base en leyes vigentes; Crece confrontación entre el presidente de CCR y ARENA; Fiscal: hubiera querido lanzar caso CEL-Enel tras elecciones; Comisión legislativa CEL continuará indagaciones; EDH: Cuestionan investigación CEL-Enel; Sol Bang y Escalón Pacas aseguran que FGR acusa a gente inocente y ven acoso político; Exministro de Economía se defiende de acusación; Edwin Zamora cuestiona resolución de FGR en CEL-Enel; DEM: CCR no reportó archivo de 255 casos a Fiscalía; Tilda a diputada de “gatillera con silenciador”; DLP: ¿Quién permitió el amaño en el caso CEL-Enel?; De Escobar planea demandar al Presidente de la Corte de Cuentas por “violencia contra la mujer”; Fiscal General: El caso CEL-Enel no es político… estamos trabajando como patriotas; Corte de Cuentas: El contrato Cel-Enel podría tener vicios de ilegalidad, se les llamada “contratos criminalizados”

Los ataques sobre los funcionarios provienen, de acuerdo a los medios, del vicepresidente Ernesto Muyshondt, de la diputada Ana Vilma de Escobar, y del presidente del COENA, Jorge Velado. Mientras que brillan por su silencio personajes como Francisco Flores, ( a quien cada vez con más insistencia las diversas fuerzas políticas relacionan como «cabecilla de una banda», en el florido lenguaje del diputado Rigoberto Soto: <<En tanto, el diputado Rigoberto Soto, de la fracción Unidos por El Salvador, quien también estuvo en la comisión especial, asegura que este negocio fue pensado para beneficiar a una empresa extranjera y para “los lacayos” de Francisco Flores, dice.

“Si con todo lo que hemos presentado no logramos condena para los acusados de corrupción, nos sentiríamos burlados como país”, sentencia el parlamentario.

Este político adelanta que pronto se vendrá una campaña fuerte en el exterior por parte de ARENA, acusando al Estado salvadoreño de incumplimiento de contrato y boicoteando al Estado desde fuera, dice por medio de analistas, empresarios y políticos. “Se nos viene una avalancha de críticas”, reitera.

Pero no duda en decir que lo que ha habido en este negocio es un robo para el pueblo salvadoreño y que “el cabecilla de la banda se llama Francisco Flores” y lamentó que al exmandatario no se le haya decretado orden de captura aún cuando en el informe está sustentada su participación directa en la elaboración de un contrato amañado. >>

Otro de los nombres que empiezan a sonar con fuerza es el del entonces ministro de Hacienda, Juan José Daboub, hoy asesor en los EEUU y artífice de las campañas en contra de la aprobación del Fomilenio II, como estrategia para «castigar y ahogar económicamente» el gobierno de Mauricio Funes.

Tomas Campos, actual asesor del FMLN y ex responsable de la SIGET, conoce bien el caso, y afirma en DLP: << “Juan José Daboub es el intelectual que planificó todos los movimientos de las privatizaciones de los diferentes patrimonios del Estado”, dice Tomás Campos, ex superintendente de la SIGET y miembro del equipo técnico que elaboró el informe final de la comisión CEL-Enel de la Asamblea Legislativa, y agrega que “a la llegada de Francisco Flores al Ejecutivo, Daboub acrecienta su poder, y se da a la tarea de contratar asesores para ver cómo le caían al negocio de la geotermia”, dice.>>

Pro-Búsqueda: Un peligroso precedente

Esta madrugada, cuando ya no había tiempo de que el tema apareciera en las páginas impresas de los periódicos, se produjo un hecho grave y preocupante, que ocupó de inmediato un espacio destacado en las ediciones digitales.

El robo de computadoras, y documentos, así como la quema de documentación relacionada con denuncias e investigaciones de violaciones de DDHH, en especial el secuestro de niños y niñas llevado a cabo por elementos de las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado, es un caso que debería llamar mucho la atención de quienes se preocupan para que la memoria histórica y, sobre todo, la justicia que muchas víctimas aún reclaman, no quede en el limbo.

El ataque a Pro-Búsqueda debe ser considerado, como bien lo hacen sus dirigentes, como un atentado. Tampoco puede verse aislado de otros hechos ocurridos recientemente, como el caso del cierre de Tutela Legal , la campaña de desprestigio que la Iglesia Católica desde su jerarquía ha estado llevando a cabo contra el personal despedido de la Institución, que eran todos especialistas en los temas a los que Tutela había dedicado toda su existencia. Desprestigiar su labor es una forma de desacreditar sus posibles testimonios en el futuro. Cerrar o limitar el acceso de la documentación como ha hecho la Iglesia, contribuye también al oscurantismo y a la ocultación de la verdad, de igual modo que el atentado contra Pro-Búsqueda.

Pero deberían también considerarse tal vez otros aspectos, como por ejemplo, las declaraciones de Inocente Montano en EEUU, acerca del caso Jesuitas y otras causas aún vigentes en el extranjero y que, de abrirse nuevas investigaciones en El Salvador, como resultado de alguna decisión en ese sentido de parte de la Sala de lo Constitucional (en relación a la Ley de Amnistía) podrían acercar a las víctimas, y al pueblo en general, a la posibilidad de recorrer por fin el camino de la justicia, la apertura de juicios a responsables de crímenes de lesa humanidad, la aparición de nombres y responsabilidades cuidadosamente ocultadas por quienes ejercieron despóticamente el poder en el país hasta los acuerdos de paz de 1992.

El atentado contra Pro-Búsqueda nos lleva a evocar similares situaciones dadas en países donde la sociedad ha avanzado mucho en el tema de la investigación, el juicio y el castigo. Casos como los de Chile, Argentina o Uruguay, son emblemáticos en ese sentido. En todos ellos, cada vez que el pueblo se acercaba a la verdad, se daban hechos de apariencia delincuencial, pero que buscaban detener o ralentizar el avance de las investigaciones.

Las circunstancias en El Salvador podrían ser similares, y en ese sentido habrá que poner también ojo en quienes aún conservan importantes archivos de este tipo, por caso IDHUCA, COMADRES, etc. y por supuesto revisar que la actual documentación en manos de todas las organizaciones, puedan resguardarse como se debe. El Estado tiene, en ese sentido, una responsabilidad manifiesta.

LPG: Archivos de familias y procesos jurídicos fueron quemados, dice Pro-Búsqueda; EDH: Queman archivos en Pro-Búsqueda tras robo; DEM: Queman y roban archivos de Probúsqueda; DLP: Asaltantes irrumpen en Probúsqueda y queman archivos

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