Análisis de medios 8-9 de abril de 2015

Agendas mediáticas

El problema de la violencia, en particular el drástico aumento de homicidios y atentados contra agentes de seguridad es desde marzo, en particular desde las vacaciones de Semana Santa, un tema central de la agenda nacional, que los medios de prensa de la derecha han impuesto, del mismo modo que con anterioridad posicionaron el de la supuesta incapacidad del TSE, o aun antes, con temas como el de un «caótico» SITRAMSS, y tantos otros, que sirven siempre a los mismos fines.

No estamos con ello negando que El Salvador enfrenta un problema serio de seguridad ciudadana, y que la violencia ha escalado en particular en los últimos meses. Sin embargo, las razones de este incremento no parecen tan claras. Tampoco las mentes maestras que puedan estar detrás de estas ofensivas contra el Estado, o bien que se benefician políticamente de la situación.

Hoy, como ayer, los medios se llenan de planas en las que, sin excepciones, los más conspicuos representantes de las fuerzas políticas de la derecha (de todo el espectro) aparecen al unísono reclamando medidas extraordinarias, y responsabilizando al gobierno del FMLN de no ser capaz de controlar la escalada.

LPG: Lanzan granada contra puesto policial en La Libertad; Dos policías fueron asesinados en diferentes ataques; Pandillas buscan “hacer número” con incremento de homicidios: Ramírez; Dos lesionados tras enfrentamiento entre pandilleros y militares; Asesinan a hombre mientras esperaba transporte en San Salvador; Capturan pandilleros tras ataque a Centro Judicial Isidro Menéndez; Fallece agente PNC atacado en Centro Judicial Isidro Menéndez; Familias de San Martín buscan asilo por violencia de pandillas; Pandilla en La Libertad ordena matar dos policías por clica; Anuncian más traslados de reos hacia Zacatecoluca; Lara no descarta propuestas de acuartelamiento y estado de sitio focalizado; Mijango presenta nueva propuesta contra violencia e incluye a pandillas; Reportan triple homicidio en Sonsonate; Los desplazados de San Martín que rebotan por Antiguo Cuscatlán; El país baja en índice de progreso social por la inseguridad; Continúan atentados Matan agente PNC y custodio; Asesinan a joven en Cuscatancingo esta mañana; EDH: Presidente sanciona la ley contra extorsiones; Matan a 8 pandilleros en diferentes hechos en el país; Policía pidió a Sánchez Cerén escuadrón contra pandillas, antes de morir; Ministro de Seguridad no revela planes para contrarrestar ola de violencia; Unidades especiales realizan capturas en Lourdes y Quezaltepeque; Familia con 11 niños huye de San Martín por amenazas de pandillas; Fiscal General se reúne de emergencia con jefes de la PNC por desborde de violencia; Someterán a pulso préstamos por $92.2 Mlls.; Exministro de Seguridad insta a las pandillas a rendirse; ¿Quiénes han sido las víctimas del crimen?; Gobierno sin planes de emergencia para enfrentar violencia; Lara promete mayor operatividad en próximos días contra crimen; Mujer que pide asilo tiene tres hijos presos; DEM: GANA propone “estados de sitio”; ARENA dice no votará por créditos sin una ley de responsabilidad fiscal; Herido tras tiroteo en San Salvador; Familia pide asilo tras amenazas de pandillas; Muere policía atacado en el Centro Judicial Isidro Menéndez; Piden a Gobierno que explique medidas; DLP: Agente de seguridad especial fue asesinado en Centro Judicial Isidro Menéndez; Promedio de asesinatos en primeros días de abril es de 16.4; Diputados analizan Estado de Excepción para controlar el accionar de las pandillas; Asesinan a hijo de un jefe del CAM en Ciudad Arce; Hato Hasbún: La delincuencia no se resolverá con una varita mágica; Pandilleros atacan a soldados en el desvío de Apulo; Familia pide asilo para evitar que hijos ingresen a las maras; Raúl Mijango: La inseguridad no se resolverá matando pandilleros; Bukele presenta primeras acciones para combatir delincuencia en San Salvador; Policía Comunitaria inicia fase de mapeo de violencia; Hurtan motocicleta policial de parqueo del 911

Al mismo tiempo, mientras destacan la muerte de policías a manos de criminales, minimizan el efecto de capturas, enfrentamientos, y bajas causadas a las bandas criminales que se autodenominan maras o pandillas.

De hecho, las declaraciones, tanto del ministro de Seguridad, Benito Lara, como del comisionado presidencial para el tema, Hato Hasbún, o hasta de las máximas autoridades del cuerpo policial, son citadas por los medios conservadores con una evidente tendencia crítica, dando por sentado que, o bien evaden el tema, o las soluciones que plantean no son las adecuadas.

A renglón seguido, abren la participación a supuestos «expertos» (en general fracasados ex funcionarios de seguridad de administraciones areneras, que fueron incapaces de resolver el problema en su momento). Inalterablemente, todos ellos vienen a reclamar más represión, medidas extraordinarias, y demás.

De tal manera que, nota a nota, rotativo tras rotativo la irresponsable prensa que defiende los intereses más conservadores de este país, contribuye de manera innegable a fomentar un clima de zozobra y desesperanza.

Los llamados alarmistas parecen claramente tener objetivos políticos. Desde el boicot activo de la ultraderecha y sus socios a la Marcha por la Paz del 26 de marzo, cuando los generadores de opinión de la derecha, intentaron promover dos ideas falsas: 1) que el gobierno era el promotor de la iniciativa; y 2) que la marcha pretendía ser «una solución» al problema de la violencia, se incrementaron las críticas contra las políticas gubernamentales.

Simultáneamente, las cifras de homicidios se dispararon, y desde la Asamblea Legislativa, los mismos que critican y cuestionan exigiendo mayores niveles de represión, se empecinan en no dar sus votos para aprobar recursos para la lucha contra la criminalidad.

Con la psicosis que pretenden crear las coberturas sensacionalistas, las arengas televisivas del director de Medicina Legal y de ex militares devenidos en diputados electos, se abren las puertas para las propuestas más alocadas, desesperadas y provocativas.

Así aparecen «policías» (con acento extranjero y voz distorsionada) exigiendo una Ley del Talión multiplicada por 10, llamados al estado de sitio, estado de excepción, salida de fuerzas armadas a la calle, y en fin, una panoplia de medidas (en gran parte implementadas con anterioridad sin éxito), que parecen querer forzar al Ejecutivo y a las autoridades encargadas de la seguridad a mirar solo a soluciones de «mano dura».

Desde los medios nadie plantea otras alternativas, y cualquier mención a políticas de prevención, policía comunitaria, inteligencia policial, o cualquiera señal que no indique mayores niveles de violencia contra los delincuentes, es simplemente desechada con desdén por quienes parecen apostarle todo al fracaso del gobierno en este tema.

Desde ayer se agregó un nuevo elemento, el supuesto éxodo de familias desde San Martín hacia la exclusiva zona de Santa Elena, para solicitar «asilo político», porque sus hijos corrían peligro ante las presiones de grupos criminales para incorporarlos a sus filas. Las primeras planas acogieron la noticia.

Pero sospechosamente, también diputados areneros se hicieron presentes para apoyar a este grupo de gente apostado en un parque -después de negarse a recibir auxilio policial- ; también en las redes sociales empezaron a aparecer pedidos de dimisión al Presidente Sánchez Cerén.

Pocas horas después de que los medios de prensa escrita de derecha, explotaran miserablemente el «drama» de esta familia, se supo que algunos de sus miembros guardan prisión acusados de participar en las mismas bandas criminales de las que dicen huir.

Resulta evidente que la sucesión de hechos parece cuanto menos sospechosa. Así, el interés por resolver los problemas de seguridad dista de ser considerado como un problema de nación, para quienes mezquinamente solo parecen tener sus ojos puestos en la obtención de réditos políticos.

Esta agenda mediática nos inunda, y al mismo tiempo invisibiliza otros elementos de importancia en la vida nacional, como por ejemplo, el reclamo de amplios sectores de la sociedad, incluida la alta jerarquía de la iglesia católica en favor de la ratificación de la reforma constitucional por el derecho humano al agua, algo a lo cual los empresarios areneros y sus empleados en los medios, se niegan.

La lucha en este caso es contra el tiempo, pues el plazo límite es el 30 de abril para ratificar la reforma. Con ese cálculo en mente, el partido de ultraderecha, demora las decisiones, mientras los medios callan. DLP: Procurador de DDHH condena a Asamblea por no aprobar la Ley de Agua

Del mismo modo, no está en la agenda mediática de los rotativos de la derecha el tema de los crímenes no resueltos durante el conflicto armado, crímenes de lesa humanidad de cuya responsabilidad dos históricos militares parecen acercarse al momento de rendir cuentas: el ex jefe de la odiada Guardia Nacional, Eugenio Vides Casanova, y el coronel Inocente Montano, uno de los co-responsables entre otros casos, de la masacre de la UCA. LPG: EUA pide extraditar a España a Inocente Montano; Exministro de Defensa señalado de varios crímenes llegó deportado al país; DEM EEUU pide extraditar a militar salvadoreño acusado de matar a jesuitas; General Vides Casanova llega deportado hoy; EE.UU. pide extraditar a España a coronel Orlando Montano; General Vides Casanova llega a El Salvador junto a deportados

Estos temas apenas si reciben la imprescindible cobertura mediática, mientras uno de sus compañeros de promoción militar, el general Vargas, se prepara para debutar como diputado de la ultra-derecha. Este sí, con amplias coberturas, para que pueda hablar de «la solución militar» al problema que aqueja a la sociedad salvadoreña.

Tampoco es mediáticamente conveniente para la derecha, dar a conocer los conflictos internos que siguen amenazando a ARENA, y a otros grupos parlamentarios, con los que los tricolor pensaban constituir mayorías.

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